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miércoles, 15 de diciembre de 2010

La sustitución del estado


México es un país donde la impunidad es cosa de todos los días. Por ejemplo, en nuestro país solo 4% de los delitos reciben castigo. Esto demuestra la enorme incapacidad del poder judicial para, ya no digamos hacer excelsamente su trabajo, sino sencillamente hacerlo.

Es por ello que poco a poco salen historias de ciudadanos comunes que, hartos de la impunidad que a diario se presenta, deciden tomar la ley por sus propias manos.

Como muestra de esto tenemos dos casos altamente representativos. El primero es Don Alejo, un empresario y dueño de un rancho en el estado de Tamaulipas. Defendió con su vida la propiedad que con tanto esfuerzo le costó construir. Debido a la ausencia de la autoridad, ya sea local, estatal o federal, este señor en vez de denunciar tomo la decisión de tomar la justicia en sus propias manos y defender lo que por esfuerzo era suyo. Este caso genero de inmediato una enorme aceptación por parte de la sociedad, haciéndolo un tema central de las redes sociales y los medios de información masiva. De inmediato se convirtió en héroe.


El segundo caso es igual de admirable. Se trata de la señora Isabel Miranda de Wallace, la cual lucho durante años para encontrar a los responsables del secuestro y asesinato de su hijo. Hace poco volvió a ser noticia porque después de 5 años de fungir como ministerio público, y realizar de manera personal prácticamente todas las investigaciones, dio con el paradero el último integrante de la banda que secuestro a su hijo.

Ambos casos demuestran como poco a poco el estado ha ido perdiendo fuerza para desempeñar acciones mínimas que garanticen paz y seguridad a sus ciudadanos. Con Don Alejo se demostró como el estado ha perdido el monopolio del uso legitimo de la fuerza para ser usada por bandas criminales y ahora también, por ciudadanos hartos de la violencia y la impunidad. Mientras el caso de la señora Wallace demuestra como la impunidad y la corrupción frenan la impartición de justicia en México.

Tanto Don Alejo como la señora Wallace respetaron hasta cierto punto el estado de derecho. El primero usando su derecho a la autodefensa y la segunda su derecho a investigar un caso. Pero existen hechos que rompen esa barrera y se empieza a violar la ley. Por ejemplo los casos de linchamiento, en donde comunidades enteras golpean y en algunos casos inclusive asesinan a delincuentes, todo por su hartazgo de la delincuencia.

Pero sin duda el ejemplo más extremo son los llamados “escuadrones de la muerte”, conformados por ciudadanos armados que buscan acabar con la delincuencia por propia mano. De ahí surgen cosas tan locas como el cartel de La Familia Michoacana ya que so pretexto de buscar la paz de la población, este grupo criminal ha asesinado, extorsionado, decapitado, por mencionar algunas de sus “linduras…

El estado mexicano ha ido perdiendo fuerza poco a poco y esta ha sido sustituida por la ilegalidad. Así que mientras el gobierno no nos pueda garantizar paz y tranquilidad, seguirán existiendo personas como Don Alejo, la señora Wallace o pero aun, mas escuadrones de la muerte.

 Bueno, eso es todo por mi parte. Me despido. Hasta mi próxima entrada. Adiós.

viernes, 29 de octubre de 2010

Por sus videos los conoceréis


Hola a todos.

Nuestro país no es exactamente un lugar en el cual la justicia sea bien aplicada, es más, la justicia muchas veces ni siquiera es aplicada. Esto hace que vivamos en una situación de constante temor ante los embates del crimen ya que será casi imposible que se castigue a los responsables de cometer un delito. Y es más desesperante cuando los responsables de cometer delitos son funcionarios que son protegidos, no solo por la ineficiencia del aparato de justicia, si no por la impunidad  oficial, entiéndase como fuero.

Esto ha llevado a algunos contrincantes políticos a buscar maneras, ya no de demostrar culpabilidad ante las autoridades, si no ante la sociedad. Prueba de ello son los video/audio escándalos. Estos normalmente no tienen validez jurídica ya que fueron obtenidos de una manera ilegal, pero son perfectos para quemar a alguien ante la opinión pública.

Ejemplos sobran de este fenómeno. Tenemos  por ejemplo los videos del perredista René Bejarano embolsándose unos cuantos pesitos del empresario Carlos Ahumada. O que tal el famosísimo audio del infame “gober precioso”, donde admite haberle dado unos “coscorrones” a la periodista Lydia Cacho. O el más reciente, el del diputado Julio Cesar Godoy, a quien supuestamente se le grabo manteniendo una conversación con el narcotraficante conocido como “La Tuta”.

Pero desafortunadamente estos hechos han tomado una vertiente más sanguinaria y peligrosa en los últimos meses. Ya no son videos de personas públicas cometiendo delitos, son videos de personas secuestradas por el crimen organizado confesando supuestos nexos de funcionarios con el narco.

De uno de esos videos fue de donde se supo la historia de los presos de un cereso de Durango que, con permiso de la directora del penal, salir a realizar ejecuciones. Un supuesto policía realizo la declaración, para luego ser ejecutado en lugar y ante el lente de la cámara.

El caso más reciente es el de la ex-procuradora de Chihuahua Patricia González, que en un video es acusada por su propio hermano de nexos con el narcotráfico, asesinatos, protección y muchas otras linduras.


Un sector cada vez más amplio de la sociedad toma estos videos como fuente de información verídica y confiable. Esto probablemente debido a la incompetencia de las autoridades y a la desesperación cada vez más grande de la sociedad. Pero hay que tomar en cuenta la situación en la que se dan los videos. Son personas secuestrada, rodeadas por hombres fuertemente armados que dirán cualquier cosa, seguramente coaccionados por sus propios captores.

Con esto no quiero decir que todo lo dicho en los videos sea mentira, solo sugiero un poco de mesura al momento de recibir y procesar la información. Finalmente no todo lo que brilla es oro…

La necesidad de resultados concretos ha llevado a estos videos a tener una enorme difusión y aceptación en la opinión pública nacional. Creemos que cualquier personaje público acusado en videos de este tipo es automáticamente culpable, lo que vuelve esta situación en un arma de doble filo ya que puede servir para iniciar una investigación en contra de alguien que es culpable, o peor aún, contra alguien inocente.

Los más peligroso de esto es que la acusación y la impartición de justicia ya no la lleva a cabo el gobierno, ahora lo hace el crimen organizado. Lo que nos muestra otra evidencia más del estado fallido en el que vivimos.

 Bueno, eso es todo por mi parte. Me despido. Hasta mi próxima entrada. Adiós.